El Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) pidió este miércoles a la Justicia
Federal de Argentina investigar las graves violaciones a los derechos humanos de las que han
sido víctimas la activista y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, y cinco
miembros de su familia en Venezuela.

Basado en el principio de jurisdicción universal, FADER presentó ante el despacho del fiscal
federal Carlos Stornelli una ampliación de la denuncia penal introducida el 18 de enero de
2023 contra el régimen de Nicolás Maduro, para que se investiguen los crímenes de lesa
humanidad cometidos en Venezuela.

La ampliación se refiere al caso de Rocío San Miguel, quien fue detenida arbitrariamente por
agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) el pasado viernes 9 de febrero en el
aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando salía de viaje junto a su hija. Desde entonces,
los abogados no han podido comunicarse con la activista y desconocen su paradero.
«Los hechos aquí denunciados constituyen –en principio- el delito de desaparición forzada de
personas, que no solo se encuentra previsto y reprimido en el artículo 142 ter del Código Penal
y receptado en la Ley 26.298, sino que es objeto de la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas, de la cual nuestro país y Venezuela son parte», señala el
escrito introducido en los Tribunales de Comodoro Py.

FADER también pidió a la Justicia argentina investigar «si la desaparición forzada de los
familiares directos de Rocío San Miguel constituye la forma de tortura denominada ‘castigo
por responsabilidad familiar’, que fue creada en la Alemania Nazi y consistía en detener a uno
o varios familiares de algún sospechoso de cometer crímenes contra el Estado».

Jurisdicción universal
Elisa Trotta Gamus, secretaria general de FADER, explicó que la jurisdicción universal permite a
los países procesar graves delitos contra los derechos humanos independientemente de dónde
se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima. Recordó que el sistema de
justicia argentino ha aplicado anteriormente este principio para abrir investigaciones por

diversos casos: en 2010 por los crímenes de lesa humanidad cometidos en España por el
régimen de Franco; en 2021 sobre presunto genocidio contra la comunidad rohingya en
Myanmar; en 2022 por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el dictador
Daniel Ortega en Nicaragua; y en 2023 por crímenes de lesa humanidad cometidos en
Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, gracias a las denuncias presentadas por FADER y
la Fundación Clooney.

«El mundo no puede permanecer callado e inerte ante la nueva ola de represión desatada por
el régimen de Maduro con el objetivo de impedir unas elecciones presidenciales libres en
Venezuela. Desde la firma del acuerdo de Barbados ha aumentado la cantidad de presos
políticos, que hoy suman más de 300. Estos atropellos no pueden quedar impunes. La tortura,
desaparición forzada, encarcelamiento y la persecución selectiva son delitos de lesa
humanidad y deben ser investigados no solo por la Corte Penal Internacional, como está
ocurriendo, sino también por la justicia de países como Argentina», pidió Trotta Gamus.

«El año pasado fuimos firmes en nuestra defensa de la democracia cuando el dictador Maduro
intentó ingresar a Argentina para la cumbre de la Celac. Hoy volvemos a alzar la voz tras la
desaparición de Rocío San Miguel, denunciando penalmente de nuevo a Maduro y exigiendo
que liberen a la defensora de los derechos humanos», afirmó el presidente de FADER, Waldo
Wolff.

«Hoy hemos denunciado al régimen de Nicolás Maduro por el secuestro, por la desaparición
forzada de Rocío San Miguel y de sus parientes más próximos, su hija, sus hermanos y su ex
marido. Esta es una forma de tortura que era conocida en el nazismo y que, según distintas
organizaciones de derechos humanos, se aplica de manera sistemática en Venezuela«, dijo el
abogado de FADER, Tomas Farini Duggan.
El Foro Argentino por la Democracia en la Región lo integran dirigentes políticos, diplomáticos
e intelectuales argentinos, que promueven pronunciamientos y acciones en defensa de los
derechos humanos y la democracia en Latinoamérica.