La activista venezolana por los derechos humanos, Rocío San Miguel, fue arrestada por la policía política del gobierno de Nicolás Maduro el viernes 9 de febrero cuando intentaba salir del país. Se le acusa de estar involucrada en planes golpistas contra el régimen. Su detención ha sido denunciada como arbitraria y hay preocupación por su paradero, ya que se encuentra en desaparición forzada desde entonces.

Organizaciones de derechos humanos y políticos de oposición han condenado su arresto, calificándolo como parte de un patrón sistemático de represión contra la sociedad civil en Venezuela.

La detención de la también experta en seguridad está relacionada con las investigaciones que está llevando a cabo el régimen venezolano en relación con los casos de conspiración denunciados por Maduro el pasado 15 de enero en la presentación de su memoria y cuenta en la Asamblea Nacional.

Por estos hechos, hasta el 24 de enero, se contabilizaban 36 personas detenidas y 22 solicitadas por la Justicia chavista, según informó el fiscal general designado por Maduro, Tarek William Saab.